“Por lo que respecta a las violaciones de derechos humanos, el lobby israelí recibe un trato mucho más favorable que el de los representantes de intereses de otros Estados”, afirma una fuente del Parlamento Europeo. “Cuando Rusia incluyó a diputados europeos en una lista negra y les prohibió el acceso a su territorio nacional, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, restringió inmediatamente el acceso de los diplomáticos rusos a la institución. Israel, por su parte, no tiene reparos en poner en su lista negra a los parlamentarios europeos que defienden los derechos de los palestinos: desde 2011, con muy pocas excepciones, ha prohibido a todos los parlamentarios acceder a la Franja de Gaza sin que ello haya desencadenado jamás la más mínima contramedida por nuestra parte”, añade nuestro contacto.

En enero de 2016, el sucesor de Schulz, Antonio Tajani, prohibió una conferencia que abordaba las acusaciones al régimen de Bachar Al Assad de haber utilizado gas venenoso y a la que iba a asistir un ministro sirio. Pero no tuvo ningún problema en desplegar la alfombra roja para el diputado israelí Avi Dichter –responsable al cargo de la represión de la segunda Intifada– cuando se presentó ante la Comisión de Asuntos Exteriores en septiembre de 2018.

Se conoce bien la influencia de los grupos de presión para fortalecer el apoyo de Estados Unidos a Tel Aviv pero las actividades que llevan a cabo esos grupos en Europa pasan más desapercibidas. Desde principios de siglo se han aplicado en consolidar sus relaciones amistosas con la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros. Aunque los buenos oficios de Bruselas no son tan imprescindibles para Tel Aviv como los de Washington, sí son estratégicamente importantes. La UE es el principal socio comercial de Israel, al que ha acabado concediendo un estatuto de aliado privilegiado en ámbitos tan cruciales como la investigación científica, la innovación tecnológica y la recopilación de información.

El lobby israelí se afianzó en Europa tras la segunda Intifada que estalló en septiembre de 2001. “Reconociendo el deterioro de su imagen por la represión infligida a la resistencia palestina, el gobierno israelí intentó compensar su pérdida de legitimidad por su política colonialista blanqueando su imagen ante los líderes europeos”, explica el periodista irlandés David Cronin, coautor, junto a Sarah Marusek y David Miller de un completo estudio sobre el tema [1]. Quince años después, el impulso israelí ha dado frutos notorios, y en la actualidad Tel Aviv tiene a su disposición una red de influencias sin parangón en cualquier otro grupo de presión estatal.

El lobby ha contado con el apoyo de su “hermano mayor” en Estados Unidos. Algunos de sus componentes son filiales directas, como el Instituto Transatlántico, creado por el Comité Judío Americano, o B'nai B'rith Europe. Igualmente, existen otras entidades que aunque no tengan vínculos orgánicos con las agencias de Washington, utilizan sus mismos métodos, como Amigos Europeos de Israel (EFI, por sus siglas en inglés), fundada en 2006, o Asuntos Públicos Europa-Israel (EIPA), que funciona de manera similar al poderoso Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC). Además de su función elemental de ser canales de transmisión de las posiciones del gobierno israelí, a algunos se les asignan tareas específicas. Así, ONG Monitor, creada en 2002, se ha especializado en el arte de difamar, casi siempre de forma mendaz, a las ONG israelíes y palestinas ante sus donantes occidentales.

Un lobby camaleónico

Dado que las normas de transparencia de la UE son mucho menos estrictas que las de Estados Unidos es difícil identificar con precisión de dónde proceden sus fuentes de financiación. Sin embargo, al analizar las declaraciones de impuestos de organizaciones benéficas, se ha podido comprobar que la mayor parte de su financiación proviene de filántropos del otro lado del Atlántico alineados con la derecha estadounidense e israelí, entre ellos Sheldon Adelson, promotor inmobiliario y amigo del presidente Donald Trump [2]. Cuentan asimismo con el respaldo de los servicios diplomáticos israelíes.

Una característica de la mayoría de los miembros de este lobby es que combinan su apoyo inquebrantable a las políticas de Israel con la defensa, a veces sincera, de los intereses de las comunidades judías europeas. Sin embargo, su grado de representatividad no es nada evidente. La Asociación Judía Europea (EJA), que se enorgullece de ser una estructura que proporciona el mayor paraguas a las organizaciones judías en Europa, incluye en realidad muy pocas que tengan verdadera raigambre europea.

Aunque no forman un bloque monolítico se trata de entidades bastante porosas entre sí. Menachem Margolin, un lobbysta de los más activos en Bruselas, es el fundador del IEAP y de la EJA. La opacidad de su funcionamiento interno las convierte en un verdadero “lobby camaleónico” de gran flexibilidad.

Objetivo: los centros de poder

Las relaciones exteriores y la seguridad conjunta son dos de las áreas que estas organizaciones vigilan de cerca. Las decisiones de la UE en estas cuestiones las adoptan los Estados miembros por unanimidad. Por ello, buena parte de los mecanismos de presión de este lobby se despliegan a escala nacional, apoyándose especialmente en el consenso favorable a Israel que existe tanto en Alemania como en Europa Central y Oriental. Aunque suelen ser las embajadas las que se encargan de operar, los lobbies locales están en activo desde hace años, por ejemplo en Reino Unido (el lobby documentado por Al Yazira).

La influencia que se ejerce sobre la Comisión Europea tiene un interés primordial pues no en vano es la que ostenta el monopolio de las iniciativas legislativas, aplica todas las decisiones de la UE y se ocupa de la asistencia financiera a terceros países y de los programas de cooperación. Algunas Direcciones Generales (DG) son objeto de meticulosa atención, como la DG de Fiscalidad y Unión Aduanera (Taxud) encargada de la delicada cuestión de los productos procedentes de los asentamientos, así como la DG de Investigación e Innovación (RTD) que financia en particular el programa europeo “Horizonte 2020”, en el que participa Israel. El lobby encuentra un oído atento en esas Direcciones. El nombramiento de Cecilia Malmström como Comisaria de Comercio fue aplaudido por la EFI. El Comisario de Ciencia, Investigación e Innovación, Carlos Moedas, ha sido especialmente activo promoviendo la participación de Israel en los programas de investigación europeos.

Cortejando a la extrema derecha
 

El lobby también ha establecido poderosos vínculos en el Parlamento Europeo. La mayoría de estos parlamentarios pertenecen al Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) o al Partido Popular Europeo (PPE). La corriente cristiano-sionista, que considera el éxito del “Estado judío” como el cumplimiento de una profecía bíblica, también tiene sus seguidores en el Parlamento Europeo, aunque menos que en Estados Unidos. Se congregan bajo la bandera de la Coalición Europea para Israel (ECI, en sus siglas en inglés). Al igual que la mayoría de las entidades del lobby, ésta no se limita a promover los vínculos con Israel sino que también es una ferviente defensora de las posiciones más extremistas de ese país, que pide, en particular, que se reconozca la soberanía israelí sobre el conjunto de Jerusalén.

Y por último, pero no por ello menos importante, Israel también cuenta con quienes lo ven como el bastión avanzado de Occidente contra el islam. A estos los reclutan entre las filas de los conservadores pero también entre los representantes de la extrema derecha a los que Israel ha hecho propuestas a pesar de las despreciables relaciones que algunos de ellos mantienen con el antisemitismo. Seis de los trece miembros fundadores de Amigos de Judea y Samaria [3] en el Parlamento Europeo pertenecen a esa corriente. Creado en 2017, este grupo favorece el comercio con los asentamientos de Cisjordania a pesar de que ello viola el derecho internacional.

El asedio a miembros del Parlamento Europeo por parte de grupos de presión israelíes a veces puede dar lugar a conflictos de intereses. Elise Coolegem, asesora política del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, también trabaja para la embajada de Israel. Hay ciertas dudas sobre si se le paga por esta actividad extraparlamentaria que está estrictamente prohibida por las normas del Parlamento. En cuanto al presidente de la delegación para las relaciones con Israel, Fulvio Martusciello (PPE), su asesor personal es Nuno Wahnon Martins, miembro del Congreso Judío Europeo (EJC), cuyo objetivo es promover políticas europeas “equilibradas” hacia Israel. Una investigación llevada a cabo por David Cronin demuestra que es él mismo quien realiza la mayor parte del trabajo de la delegación, y que proporciona a Israel acceso directo a los documentos internos.

El discreto encanto de una “nación emergente”
 

La eficacia del lobby no solo se debe a la actitud acomodaticia de los funcionarios europeos. En el análisis de David Conin, “son muchos en el sistema de la UE y en el de sus Estados miembros los que ven favorablemente el acercamiento a Israel sin que las consideraciones sobre los derechos humanos justifiquen su aplazamiento”. Aunque la opinión pública europea sigue teniendo una percepción negativa de la influencia de Israel en el mundo, algunos círculos empresariales se sienten atraídos por las oportunidades que ofrece esa “nación emergente”. Muchas empresas europeas e israelíes mantienen estrechas relaciones; el alto nivel de inversión en investigación y desarrollo (I+D) en Israel (4,11%, uno de los más altos de la OCDE) lo convierte en un valioso socio científico. Ademá de ser un cliente importante para la venta de armas de Europa, I srael también se ha convertido en un proveedor de equipos militares de alta tecnología para países europeos, especialmente aviones no tripulados armados, algunos de los cuales han sido probados sobre Gaza.

Los grupos de presión son muy conscientes de ello y se aprovechan de las contradicciones entre los intereses empresariales de las élites europeas y su aparente preocupación por el Estado de Derecho. De hecho, un dictamen desfavorable puede resultar desastroso para Israel. En 2009, la congelación del proceso de mejora de las relaciones bilaterales tras el mortífero ataque a la Franja de Gaza provocó una caída del comercio con la UE del 20,8 % [4].

En 2012, la EFI desempeñó un papel decisivo en la ratificación por el Parlamento Europeo del Protocolo sobre Conformidad, Evaluación y Aceptación. De hecho, el grupo de presión había llevado a cabo una intensa campaña dirigida a los comerciantes europeos, divididos entre sus preocupaciones en materia de derechos humanos y sus intereses comerciales. Al final, estos últimos aceptaron reabrir las negociaciones, permitiendo que surgiera una pequeña mayoría a favor del protocolo, con la ayuda de la belga Frédérique Ries y la británica Sarah Luford. Estos dos miembros del EFI utilizaron, entre otros, el argumento de que un mejor acceso de la empresa israelí Teva –el mayor fabricante mundial de medicamentos genéricos– al mercado común “permitiría a los ciudadanos de la UE comprar medicamentos asequibles y de alta calidad” [5].

La intensidad de la presión de los servicios diplomáticos israelíes y del lobby en Bruselas y ante los Estados miembros (que, en el Consejo, se oponen en principio a avanzar en el desarrollo de las relaciones con Tel Aviv) impide permanentemente que las autoridades europeas traduzcan sus declaraciones en hechos. En 2013 se alcanzó un acuerdo gracias a una interpretación bastante laxa sobre un primer conjunto de directrices que excluyen cualquier financiación europea de instituciones o empresas situadas en los asentamientos, porque implicaría un reconocimiento de facto de su existencia. Una seguida tanda de directrices, adoptadas en 2015, que recomendaban un etiquetado específico de cualquier mercancía producida en los territorios ocupados, resultó prácticamente imposible de aplicar.

Una administración eficazmente asfixiada
 

A fin de conseguir sus objetivos y mediante su habitual autocensura frente al Consejo de Ministros de la UE, el aparato administrativo de la Comisión reprime cuidadosamente utilizar un tono más severo. Sin embargo, a Europa le interesaría aumentar la presión sobre Tel Aviv. Según un funcionario de la UE, “la Unión gasta trescientos millones de euros al año para aliviar el sufrimiento de los palestinos, mientras que el levantamiento del bloqueo israelí contra Gaza –aunque fuera solo parcial– tendría un impacto considerablemente mayor en el desarrollo socioeconómico de la población”.

Sin embargo, el hecho es que ni la Unión Europea ni ninguno de sus Estados miembros han logrado nunca que Israel rinda cuentas por la destrucción causada por su ejército de los proyectos financiados internacionalmente en Palestina. Sin embargo, la UE no sólo tiene los medios para hacerlo sino también la obligación: el 18 de marzo de 2017, el Servicio Jurídico de la Comisión emitió un dictamen al respecto. Recordando el carácter ilegal de estas demoliciones y los mandatos que la comunidad internacional está obligada a cumplir para impedirlas [6], la nota confidencial que hemos podido consultar enumera una serie de posibles contramedidas, que van desde las demandas de compensación financiera hasta “la suspensión total o parcial de los acuerdos internacionales con Israel”. Ciñéndose a su política de no ir nunca más allá de las declaraciones de desaprobación, la Comisión hizo caso omiso de las conclusiones del documento.

Además, algunas organizaciones como NGO Monitor hacen todo lo posible por obstaculizar el trabajo que desempeña la UE en el desarrollo de los territorios ocupados denigrando a sus contrapartes palestinas. “Se nos ordena que nos reunamos con sus representantes, acompañados a veces por alguien de la embajada israelí en Bruselas, lo cual es paradójico tratándose de una organización que se dice 'no gubernamental'”, observa un funcionario de la UE. “NGO Monitor tiene acceso tanto al Consejo como al Parlamento y por lo tanto sabe exactamente quiénes son los beneficiarios de nuestra ayuda financiera”.

El arma definitiva: acusar de antisemitismo

El lobby también se ha convertido en la punta de lanza de la cruzada del gobierno israelí contra lo que llama las “redes de deslegitimación”. El objetivo aquí es la campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) dirigida contra Israel mientras no cumpla sus obligaciones internacionales con el pueblo palestino. Esta iniciativa, que tiene su origen en la sociedad civil palestina, se ha convertido en una “amenaza estratégica” no tanto por su impacto económico como por el daño que ha causado a la imagen del país. El 31 de diciembre de 2017, el gobierno creó un fondo de 72 millones de dólares, financiado en parte por contribuciones privadas, para combatir el boicot en el extranjero.

El lobby no está satisfecho con la posición oficial de la UE (que se opone al BDS pero tiene en cuenta la libertad de expresión) y trabaja a destajo para criminalizar la campaña. En un continente todavía traumatizado por el recuerdo de la masacre de los judíos, la acusación de antisemitismo ha demostrado ser notablemente eficaz. El lobby lleva desde 2016 presionando para que la UE adopte la “definición” de antisemitismo que ha elaborado la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y que se basa en identificar ejemplos de críticas a Israel con racismo antisemita. En el Reino Unido y en algunos estados de Estados Unidos, donde esa definición se ha incorporado a la ley, se han cancelado docenas de iniciativas de solidaridad porque se referían al boicot.

Obviando la labor del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) para evadir la vigilancia de los eurodiputados, las entidades pro-israelíes impulsaron una resolución en la sesión plenaria de junio de 2017 en la que se pedía a los Estados miembros y a las organizaciones de la UE que adoptaran dicha definición. El 6 de diciembre de 2018, la Formación de Justicia y Asuntos de Interior del Consejo votó una moción similar aunque sin hacer referencia a los ejemplos controvertidos, que, sin embargo, no se descartaron explícitamente. El Reino Unido ya aprobó esta resolución en 2016, a la que se sumaron ocho países europeos.

Portavoces entusiastas

El lobby cuenta con la coordinadora alemana para la lucha contra el antisemitismo, Katharina von Schnurbein. Estrechamente vinculada a los principales grupos de presión pro-isralíes, transmite diligentemente sus comunicados de prensa que incluyen acusaciones de antisemitismo contra el BDS. En febrero de 2018, se unió al lobby para desacreditar a la eurodiputada portuguesa Ana Gomes cuando organizó un seminario con Omar Barguti, co-fundador original de la campaña. Acusada por Gomes de haber violado el código de buena conducta del personal administrativo del Parlamento, Schnurbein recibió el respaldo de la Comisión.

En noviembre de 2018, en una conferencia sobre BDS celebrada en Bruselas, EJA y EIPA anunciaron que se habían dirigido a todos los partidos políticos europeos para exigirles que rechacen “las actividades de boicot por ser fundamentalmente antisemitas”. Sin embargo, esta iniciativa no contó con el apoyo unánime de la comunidad judía. “ Considerar que criticar a Israel y no a cualquier otro Estado es antisemita resulta realmente muy extraño; ¿qué otro país hostiga con una política similar de colonización y opresión?”. La pregunta la planteó Arthur Goodman, del grupo británico Judíos Europeos por la Justicia para los Palestinos (EJJP, en sus siglas en inglés) durante una conferencia de prensa organizada para dar respuesta a esa iniciativa.

Acusaciones contra el BDS como las formuladas por NGO Monitor pueden resultar muy perjudiciales. “Nos obligan a perder el tiempo desacreditando esas absurdas acusaciones”, lamenta Aneta Jerska, coordinadora de los Comités y Asociaciones Europeos por Palestina (ECCP). “Lleva varios años construir una buena campaña, y nosotros, a diferencia de las organizaciones pro-israelíes, no contamos con demasiada financiación”, añade dirigiéndose a las asociaciones judías que se oponen al uso instrumental del antisemitismo con la esperanza de atraerles a sus filas.

¿Retroceso?  

¿Es posible que la eficacia de los portavoces extranjeros del gobierno de Binyamin Netanyahu que aseguran el apoyo activo de Estados Unidos y la pasividad de Europa se vuelva contra él algún día? Ahora, seguro de su impunidad, actúa abiertamente, impulsando de nuevo la colonización, intensificando la naturaleza étnica del Estado y reforzando sus alianzas con regímenes “antiliberales”, lo que ha dañado aún más la imagen pública de Israel incluso entre las comunidades judías del mundo.

Las tareas del lobby podrían complicarse a medida que aumenta la distancia que le separa de la opinión pública europea. En febrero de 2017, el presidente del IEAP expresaba su preocupación por el voto del Parlamento israelí a favor de una ley que legalizaría el robo de tierras palestinas. “Cuando ocurren cosas como esta retrocede nuestro trabajo de presentar a Israel de la mejor manera posible ante las instituciones de la UE”, explicó en su blog.

Al igual que en Estados Unidos, el lobby israelí en Europa se encuentra en la paradójica posición de no haber sido nunca tan influyente entre la élite como alejado está de la sociedad civil. Una especie de reflejo invertido del movimiento de solidaridad con los palestinos, cuyo éxito en la calle contrasta con las enormes dificultades que encuentra para convencer a nuestros dirigentes de que prioricen el Estado de Derecho a la realpolitik.

Notas:  

1. The Israeli lobby and the European Union, Public Interest Investigations, Glasgow, 2016

2. Ibid. , p. 5

3. Nombres bíblicos utilizados por el sionismo para denominar a Cisjordania.

4. David Cronin, Sarah Marusaek, David Miller, op. Cit.

5. Ibid.  

6. Obligación recordada en la Resolución 2334 de 2016 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas